El plan contra el contrabando
ha recuperado más de 539,4 toneladas de alimentos en el estado Táchira. ¿Qué
impacto ha tenido esto del otro lado de la frontera? ¿Cuáles podrían ser las
consecuencias futuras para ambas naciones?
La Federación de Arroz de Colombia está feliz: ha pasado de vender 70
millones de pesos de arroz a 700 millones sólo en el fronterizo Departamento
Norte de Santander. Es decir, el plan contra el contrabando –impulsado por el
Gobierno Bolivariano– ha dado resultados y al detener el paso ilegal de
productos venezolanos subsidiados hacia Cúcuta se ha reactivado la producción
colombiana.
Sin embargo esos productos
colombianos poseen un costo mucho más elevado. Justamente por eso es tan
intenso el contrabando en la frontera: un kilo de café en Colombia cuesta aproximadamente
600 bolívares mientras en Venezuela está en 46,6 (gracias a los subsidios y
regulaciones del Estado). Una gandola de 30 toneladas de café en Venezuela
cuesta alrededor de 1 millón 398 mil bolívares, la misma gandola comercializada
en Colombia puede llegar a 12 millones 500 mil bolívares.
En el año 2013 el contrabando
registró 5 mil millones de dólares, tres veces más de la cifra alcanzada por el
intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, calculada en mil 817 millones
de dólares.
Ante esta realidad, algunos sectores de la derecha venezolana proponen
"sincerar o aumentar los precios". Es decir, que a los venezolanos
nos toque vivir como a los millones de colombianos sumidos en la pobreza: con
los anaqueles llenos pero los bolsillos vacios.
"Los colombianos salen a comprar o llevar de contrabando productos de
otras latitudes porque es mucho más barato. De los productos subsidiados por
Venezuela vive un tercio de la población colombiana, es decir, más de 16
millones de personas, los 40 municipios del Norte de Santander que son cerca de
2 millones de habitantes más 800 mil del Departamento de La Guajira que son
otros 15 municipios".
"Por ejemplo, tras la activación del Plan Contra el Contrabando,
Cúcuta amaneció con 30% menos de productos. Esto significa que si los
operativos persisten con la misma fuerza, nosotros tendremos una Cúcuta
desabastecida para finales de diciembre. No va a haber ni cómo hacer tamales
navideños. Además, en municipios como Barrancas o La Paz, el 80% de la
población contrabandea gasolina y el 95% consume esa gasolina de contrabando.
Es decir, en Colombia el contrabando se volvió un proceso cultural, y como la
política direcciona la economía, pues esto tiene que ver lógicamente con el
modelo económico neoliberal que nos impusieron", nos explica Juan Carlos
Tanus, dirigente de la Asociación Civil Colombianos y Colombianas en Venezuela.
Según el propio
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia:
"En Cúcuta existen más de 4.500 niños y niñas, entre 5 a 17 años,
trabajando, dedicados a vender en las calles gasolina, agua y helados.
Igualmente laboran en las canteras, sin control alguno. Además hay un índice de
desempleo del 19.5 %, el más alto del país".
El diario cucuteño La Opinión publicó que
tras la activación del plan de lucha contra el contrabando, la gasolina en
Cúcuta se hizo 35% más costosa.
En Cúcuta, una "pimpina" (recipiente) con 22 litros de gasolina
venezolana se vende entre 28 mil y 30 mil pesos (de 14 a 15 dólares), mientras
que esa misma cantidad de combustible en Venezuela cuesta apenas unos 3,3
dólares. Esta gasolina de contrabando es comercializada en Colombia por la
conocida Cooperativa Multiactiva de Pimpineros del Norte, cuyos miembros le
otorgan al mismísimo Gobierno departamental el 10% de las ganancias sobre cada
pimpina contrabandeada.
Aún así, los pimpineros son la expresión aguas abajo de la cadena, pues en
realidad la inmensa mayoría de nuestra gasolina va a parar a las enormes
cisternas de Ecopetrol, empresa que luego exporta combustible venezolano bajo
la etiqueta "Made in Colombia" a países como Perú, Guatemala, etc. De
hecho, gracias a este saqueo indiscriminado, Ecopetrol es considerada ahora una
de las empresas más poderosas de América Latina (después de Petrobras).
Los exgerentes venezolanos de Pdvsa de la Cuarta República Luis Giusti,
Ronald Pantin y Humberto Calderón Berti asesoraron al expresidente colombiano
Álvaro Uribe Velez y a su ministro de Hacienda, Roberto Junguito, para diseñar
este plan. Luis Giusti, Ronald Pantin y Humberto Calderón instalaron en
Colombia (gracias a los dólares que también le robaron a Venezuela) las
empresas Pacific Rubiales, Alange Energy y Vectra.
Estas tres empresas han administrado los llamados Centros de Acopio
Fronterizo, a donde ingresa por contrabando la gasolina venezolana que, según
la legislación aprobada por el gobierno uribista, una vez que ingresa a
Colombia es nacionalizada sin pago de aranceles ni declaración de contenido,
volumen o peso. Luego, estas tres empresas están autorizadas por decreto para vender
el combustible "nacionalizado" a través de Ecopetrol.
La
mafia de los cambistas
A su vez, en Cúcuta, hay decenas de casas de cambio reglamentadas y convertidas en agentes de cambio fronterizo durante el gobierno de Uribe. En una zona fronteriza de no más de tres cuadras, llamada La Parada, los denominados cambistas deciden, nadie sabe en base a qué, una tasa no oficial para el cambio de pesos colombianos por bolívares venezolanos. De hecho, las páginas web que publican, en contra de la ley, el precio del dólar paralelo, como Dólar Today, lo primero que hacen cada mañana es llamar a las casas de cambio de Cúcuta.
"El primer eslabón del contrabando está en la fijación del precio del
bolívar en la frontera. A ver, el Banco de la República de Colombia, que
equivale al Banco Central de Venezuela, tiene hoy fijada una tasa de 170 pesos
por bolívar, o sea 1 bolívar vale según la banca oficial 170 pesos en Colombia.
Es decir, si yo voy con un bolívar me deberían dar 170 pesos. Pero si esto
fuera así, el contrabando ya no tendría sentido porque no habría ganancia. Si 1
bolívar me cuesta 170 pesos para adquirir un kilo de arroz yo tendría que
llevar 11 bolívares, que serían casi 1900 pesos, y ese precio ya no sería
apetitoso para el colombiano".
"Entonces, ¿qué hacen estas casas de cambio? Fijan un precio paralelo
distinto. Hoy, los cambistas decidieron dar 23 pesos (en vez de 170) por
bolívar. O sea, se quedan con 147 pesos en cada operación que se hace con 1
bolívar. Ese es el meollo del contrabando: si yo como cambista sigo
empobreciendo el bolívar, si fabrico un bolívar "devaluado", voy a
poder tener un peso cada vez más fuerte, y voy a poder llevarme más productos y
más productos a un valor ínfimo", explica Juan Carlos Tanus.
¿Quiénes
son los cambistas mayores?
"Hay un grupo muy poderoso políticamente en la frontera que necesita tener dinero para mantenerse así. Es una mafia de seis o siete familias vinculadas al paramilitarismo y que mantienen toda su hegemonía gracias al dinero generado por el contrabando. Compran votos, alcaldías, gobernaciones, controlan todas las alcabalas, sobornan a la policía, al ejército, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (equivalente al SENIAT)... Incluso hay un ministro de Colombia nacido en Cúcuta que está muy involucrado con esto", agrega Tanus.
En este sentido es necesario recordar el caso de Rafael Augusto Rodríguez
Pantaleón, dueño de la casa de cambio Cordillera, con sede en Cúcuta, y quien
le suministraba al conocido paramilitar y comandante de las Autodefensas Unidas
de Colombia, Salvatore Mancuso, cantidades importantes de sustancias para la
preparación de cocaína. Tras la venta de la droga, el dinero era lavado por
medio de varias empresas, incluyendo su propia casa de cambio, donde existía
una lista en la que figuran las cédulas de miles de venezolanos que
supuestamente vendieron allí sus dólares y euros. Algo que jamás ocurrió.
Un gobierno cómplice
"El presidente Juan Manuel Santos conoce muy bien la problemática, pero también sabe que cuando decida atacar y controlar realmente el contrabando pues ese mismo día se cae su gobierno. El Gobierno colombiano tendría que intervenir las casas de cambio o decirles que a partir de hoy se compra 1 bolívar a 170 pesos, pero no lo va a hacer porque no puede ofrecerle a su pueblo productos tan baratos como los sustraídos de Venezuela a través del contrabando y menos teniendo que cumplir con sus 14 Tratados de Libre Comercio. El tema económico en Colombia es bastante complejo. Los indicadores muestran una nación consolidada basándose en la banca y el sector de los industriales, pero nunca se incluye cómo les va a los 27 millones de pobres colombianos", sentencia el integrante de Colombianos y Colombianas en Venezuela.
Justamente, sectores cercanos a la administración del presidente Juan
Manuel Santos realizan paros cívicos en territorio colombiano para exigir la
flexibilización de estas medidas. Esta acción busca –además– entorpecer
convenientemente las relaciones entre Caracas y Bogotá. Por algo la canciller
colombiana, María Ángela Holguín, se ha lavado las manos desde el inicio:
"Estas son medidas unilaterales del Gobierno de Venezuela. Esto en ningún
momento fue una decisión consensuada entre los dos presidentes".
A esto se le suman las protestas violentas que se han suscitado en el
sector Las Pilas de San Cristóbal y en Táriba, en el estado Táchira, por
encapuchados evidentemente financiados por los contrabandistas. Tanus advierte:
"El Gobierno venezolano debe prepararse para situaciones preocupantes
porque algunas voces en la frontera incluso dicen que ya se está creando un
fondo para financiar acciones de desestabilización en Venezuela".
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