Una ley para impedir a España el camino griego

Prensa Cuatro F/ Carlos Machado Villanueva.
Foto: Archivo.
Convierte la protesta pacífica en una “amenaza a la seguridad ciudadana ” desnudando el verdadero rostro del Partido Popular español.
El pasado 1 de julio entró en vigencia en España la Ley de Seguridad Pública o “ Ley Mordaza”, que a contra vía de las libertades democráticas universalmente consagradas, prohíbe la protesta pacífica en avenidas y frente a edificios gubernamentales o legislativos, calificándolas de “amenaza a la seguridad ciudadana”, y deja al desnudo el doble rasero de la dirigencia del gobernante Partido Popular, que llama “líderes democráticos” a los guarimberos asesinos, y lleva al derechista Mariano Rajoy a encabezar una campaña a favor de la liberación de Leopoldo López y Antonio Ledezma, responsables del plan golpista conocido como “La salida”.
En contraste, en nuestro país, y pese a los graves hechos de violencia antigubernamental escenificados en las calles por sectores de extrema derecha desde hace 16 años siendo los más graves los sucedidos en el lapso febrero-mayo de 2014, con saldo de 43 personas fallecidas a manos de los ejecutores de “La salida”, en ningún momento llevó a sus autoridades a declarar el estado de emergencia y restringir estas libertades, aún con atribuciones constitucionales para ello.
Y pese, incluso, a que las características de las acciones de estos grupos violentos evidenciaron tras de sí una bien planificada y coordinada operación para deponer cruentamente el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.
Nadie en su sano juicio
Ni qué decir del derecho a la libertad de expresión. Los españoles hoy se ven expuestos a penas de cárcel o multas por el solo hecho de expresar su descontento por intermedio, bien sea de una pancarta, un graffiti, o al expresarlo a través de las redes sociales siendo más grave la pena si hace alusión a algún funcionario del gobierno de turno, o escriben su nombre y/o muestran una imagen de éste.

En Venezuela, por el contrario, nadie en su sano juicio se atreve a decir que no existe hoy plena libertad de expresión y plena vigencia de los derechos políticos, incluido el de la protesta pública, siempre y cuando esta sea pacífica y respete el derecho al libre tránsito, constitucionalmente establecido.

“La reciente entrada en vigor de la ‘Ley de Seguridad Ciudadana’, apropiadamente conocida como ‘Ley Mordaza’, supone graves pasos atrás, hasta el punto de hacer (falsamente) buena a la Ley Corcuera. Aparece, siempre bajo la coartada de la “seguridad ciudadana”, un ataque en toda regla a las libertades de manifestación, reunión, expresión e información; (…) es una agresión, en definitiva, a la libertad de conciencia”, sostuvo el articulista español Juan Antonio Aguilera Mochón en un reciente artículo en el portal digital Rebelión, acerca de lo que acontece en su país.

Recuerda Aguilera que la llamada ley “Corcuera” estuvo dirigida a prohibir durante el mandato del presidente Felipe González las protestas de los trabajadores por su de recho al trabajo, luego que su gobierno aplicase el recetario neoliberal de la flexibilización laboral y de despidos masivos en la década de los 80.
“La corrupción ha pervertido cada sector, los partidos y los líderes se disputan las contribuciones financieras de los ricos y de los poderosos”.
La consumación de una premisa
Al parecer, lo que vive hoy el pueblo español con esta arremetida, no es sino la consumación de una de las premisas establecidas por los impulsores del modelo capitalista neoliberal a nivel internacional desde hace ya 35 años grupo Bildelberg, Iluminatti y otros por medio-, y que no es otra cosa sino la imposición de dictaduras disfrazadas de democracia, como vemos hoy en España.

¿Su objetivo? Contener el descontento creciente de sus poblaciones, que se han visto empobrecidas de pronto por el desmantelamiento de “el estado de bienestar”; los despidos masivos y la privatización de los servicios y empresas públicas.
Tal situación tampoco está lejos de los llamados “golpes de estado tecnocráticosfinancieros”, que en España, Italia, Francia y Portugal, colocan al frente de los gobiernos a representantes de los dueños de la banca mundial, los Rotschild, los George Soros, entre otros, reunidos en el caso del viejo continente, en la llamada Troika: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, a cuyas empobrecedoras medidas de austeridad fiscal el pueblo griego se opuso con su “No” refrendario.
Lo peor del caso España
Pero lo que parece peor aún en el caso de España, es que tales políticas de austeridad neoliberal, incluso los inhumanos desahucios o despojos de las vivienda a los ciudadanos por retrasarse en el pago de varias cuotas mensuales, al encontrarse en desempleo, han venido acompañadas del descubrimiento de un nivel de corrupción y de negociados que involucra a todo el estamento del poder político bipartidista y monárquico de este país europeo, Y es que los casos de latrocinio y enriquecimiento ilícito descubiertos son de tal magnitud, hasta dentro de la exquisita realeza española de los Borbones, que han provocado el descontento de las y los españoles en general, y su crecimiento inusitado, más aún después de la insurgencia de un liderazgo como el del partido Podemos, que ha capitalizado creativamente este descontento a su favor cuya primera expresión pública fue el movimiento masivo de los Indignados hace dos años atrás, y que amenaza incluso con ganar las próximas elecciones presidenciales en España. Ante ello, la élite de poder española se ha lanzado “por la calle del medio” contra los derechos democráticos en su país.

Los golpes de estado tecnocráticos Ya en el año 2011, el sociólogo norteamericano James Petras, lo exponía en un artículo suyo en el cual describía las características y el contexto en el cual se producían estos procesos de retroceso democrático en Europa y golpes de estado tecnocráticos-financieros. “El decaimiento de la democracia (en Europa) es evidente en cada esfera de la vida política. La corrupción ha pervertido cada sector, los partidos y los líderes se disputan las contribuciones financieras de los ricos y de los poderosos; posiciones a lo interno de los poderes legislativos y ejecutivo tienen todos un precio; cada parte de la legislación es influenciada por potentes lobbies corporativos que pagan millones por la escritura de leyes para su provecho y para identificar las maniobras fortunas para su aprobación”.

Sostiene Petras que a la par de ello, el ejercicio de los derechos políticos es cada vez más expuesto a la vigilancia de la policía, ya que los activistas por los derechos políticos, económicos y sociales están sujetos a arrestos arbitrarios. Al parecer, esta “ley mordaza” busca impedir que el pueblo español siga el ejemplo del griego.
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